5. Principio de la Rectoría Económica

La rectoría económica es uno de los principios novedosos de la Carta constitucional, expedida en 1917. Junto con los derechos sociales, el contenido de la entonces nueva Constitución Política y los derechos que tutela, se alejan del liberalismo que enarboló su texto predecesor para darle al sistema económico naciente un perfil moderno en el que había que acoger y proteger los derechos de los campesinos y la fuerza laboral, capacitarlos para la industrialización y el mercado interno emergente e impregnar a todo el mecanismo productivo de suficiencia para la acumulación y el crecimiento.

La conducción se realizó mediante la intervención gubernamental en la economía creando entidades paraestatales, controlando precios al consumidor, procurando insumos básicos y subsidiando actividades destacadas ante el insuficiente desarrollo de las fuerzas productivas y de la clase empresarial mexicanas. En la década de los ochenta y noventa del siglo XX, el Estado mexicano decide ajustar el estilo de desarrollo prevaleciente, ahora bajo el título de Rectoría Económica, que significaba una nueva conducción en la que fue abandonando las empresas paraestatales y las áreas estratégicas, para involucrar a las fuerzas productivas nativas, la inversión extranjera y un trato comercial mejor ajustado a los intereses nacionales y a la ventaja que nos proporciona la ubicación geográfica y los recursos naturales del país.

Ahora la Rectoría Económica sigue siendo un principio estratégico en el que se funda nuestro desarrollo económico y la viabilidad de alcanzar metas vinculadas a los derechos económicos, a la distribución equitativa de la riqueza, a la soberanía nacional y a la competitividad que exigen las relaciones internacionales contemporáneas.

La transformación también se ha dado en los instrumentos e instituciones públicas: estímulos fiscales eficaces, empresas productivas del Estado, órganos reguladores coordinados, órganos constitucionales autónomos, mejora regulatoria y un nuevo sistema de información económica.

Desde el punto de vista sectorial destacan nuevas instituciones y regulaciones encaminadas a promover la libre concurrencia, la competitividad, las telecomunicaciones, el sistema financiero, y la defensa contra las prácticas desleales de comercio internacional.