Presupuesto de egresos de la federación

Los artículos 73, 74 y 75, proporcionan el marco general del procedimiento de aprobación y revisión de los recursos públicos. El primero, autoriza al Congreso para mandar pagar la deuda pública, indicando el uso que deben tener los recursos obtenidos por este medio y la faculta para expedir la ley en materia de contabilidad gubernamental que regirá la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera de ingresos y egresos.

El artículo 74, señala los plazos y requisitos para que el Ejecutivo Federal presente la iniciativa de presupuesto de egresos a la Cámara de Diputados. El artículo 75 indica que el Congreso no podrá dejar de señalar en el presupuesto de egresos, la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley.

Por su parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 41, señala que la iniciativa de presupuesto de egresos deberá contener, entre otras, las siguientes previsiones:

1. Las previsiones de gasto de los ramos autónomos.
2. Las previsiones de gasto de los ramos administrativos.
3. Un capítulo específico que incorpore los flujos de efectivo de las entidades de control directo.
4. Un capítulo específico que incorpore los flujos de efectivo de las entidades de control indirecto.
5. Las previsiones de gasto de los ramos generales.
6. Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a gastos obligatorios;
7. Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a los compromisos plurianuales.
8. Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a compromisos derivados de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.
9. Un capítulo específico que incluya las previsiones salariales.
10. Las previsiones de gasto que correspondan a la atención de la población indígena; asimismo, las previsiones de gasto de los programas especiales cuyos recursos se encuentren previstos en distintos ramos y, en su caso, en los flujos de efectivo de las entidades.
11. En su caso, las disposiciones generales que rijan en el ejercicio fiscal.
12. Un apartado que contenga las principales variaciones que se proponen con respecto al año en curso y su justificación, en términos de las distintas clasificaciones del gasto; los principales programas y, en su caso, aquéllos que se proponen por primera vez.
13. La información que permita distinguir el gasto regular de operación; el gasto adicional que se propone, y las propuestas de ajustes al gasto.
14. El destino que corresponda a los ingresos provenientes del aprovechamiento por rendimientos excedentes de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios o de la contribución que por el concepto equivalente, en su caso, se prevea en la legislación fiscal, el cual corresponderá a las entidades federativas para gasto en programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento, conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente.
15. Un capítulo específico que incorpore las erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura.

Aunque no son preceptos relativos al gasto público, el artículo 79 constitucional establece los procedimientos y autoridad que fiscalizará los egresos de la Federación, señalados en el respectivo presupuesto; y el artículo 69 de la Carta Magna, ordena que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, donde dará cuenta, entre otros aspectos de la hacienda pública, del ejercicio del gasto público federal.

Consecuentemente, el presupuesto de egresos de la Federación es el brazo ejecutor del principio constitucional de la rectoría económica, realizando una tarea redistributiva de la riqueza nacional en tanto asigna recursos de la sociedad a personas, actividades y regiones, que la mano invisible del mercado es incapaz de llevar a cabo, pero que la política económica y social considera necesario.