Suspensión de garantías constitucionales

La suspensión de garantías se previó en la Constitución española de 1812, que también rigió en la Nueva España. Sin embargo, la primer Constitución de México como nación independiente, promulgada en 1824, no previó tal mecanismo, aunque debe mencionarse que durante su vigencia se crearon diferentes decretos confiriendo facultades extraordinarias al Presidente de la República, los cuales resultaban inconstitucionales.

La Constitución centralista de 1836, fue también omisa en cuanto a la suspensión de garantías. No obstante, las Bases Orgánicas de 1843, si previeron como facultad del Congreso la posibilidad de suspender o “minorar” las garantías individuales en situaciones extraordinarias, cuando la seguridad de la Nación lo exigiere en toda la República o en parte de ella para “la aprehensión y detención de los delincuentes”.

Posteriormente, Ignacio L. Vallarta, pidió que en la Constitución de 1857, se señalara la excepción de la garantía de la vida humana y en general, aseveró que las garantías inherentes a la naturaleza humana no se pueden suspender. Así pues, el artículo 29 de la citada carta magna, preveía que las garantías otorgadas por la Constitución, podían suspenderse en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualquiera otro que pusiera a la sociedad en grande peligro o conflicto, con excepción de aquellas garantías que aseguraran la vida del hombre.

Para ello, solamente el Presidente de la República, de acuerdo con el consejo de ministros y con aprobación del Congreso de la Unión, y en los recesos de éste, de la diputación permanente, podía suspender las garantías por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales, y sin que la supresión se contrajera a determinado individuo. En un segundo párrafo se señalaba que si la suspensión tuviere lugar hallándose el Congreso reunido, éste concedería las autorizaciones que estimare necesarias para que el Ejecutivo hiciera frente a la situación; y si la suspensión se verificara en tiempo de receso, la diputación permanente convocaría al Congreso para que las acordara.

Al promulgarse la Constitución de 1917, se tomó la redacción prácticamente intacta del artículo 29 de la Constitución de 1857, agregándose únicamente que la suspensión se llevaría a cabo de aquellas garantías que fuesen un obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación de peligro o conflicto.

El artículo 29 de nuestra Carta Magna, ha sido reformado en tres ocasiones. Con la primera reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril de 1981, se modificó tal precepto quitando el término Consejo de Ministros y sustituyéndose por el de los titulares de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y el Procurador General de la República. Mediante posterior reforma, publicada el 2 de agosto de 2007, se eliminó a los titulares de los Departamentos Administrativos como funcionarios con los que el Presidente debería acordar la suspensión.

Cabe señalar, que el caso más reciente de suspensión de garantías a nivel federal, se suscitó el 1º de junio de 1942, fecha en que se emitió un decreto de suspensión de garantías con motivo de la Segunda Guerra Mundial, levantándose la suspensión por decreto del 28 de septiembre de 1945.

Reformas recientes

El 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma más reciente al artículo 29 constitucional. Representa la modificación de mayor importancia, llevada a cabo desde la promulgación de nuestra actual Constitución. Con ella se pretendió regular detalladamente el proceso de la suspensión o restricción de garantías, así como asegurar que ciertos derechos humanos fundamentales no puedan ser suspendidos, adicionándose para ello las bases siguientes:

1. En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

2. La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente.

3. La suspensión deberá observar en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.

4. Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata.

5. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión.

6. Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.

El 10 de febrero de 2014 se publicó una extensa reforma constitucional en la que el artículo 29 es modificado para excluir de la decisión presidencial de restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías de las personas, la consulta y acuerdo de los titulares de la secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República.