Garantías del ofendido o de la víctima

En México, a diferencia de los derechos de la persona imputada, cuyas garantías han estado contempladas en todas las constituciones promulgadas desde la guerra de independencia hasta la actual de 1917, en tratándose de las garantías de la víctima o el ofendido del delito, fue hasta la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993, cuando se incluyó por primera vez un último párrafo en el que se establecieron ciertos derechos, tal y como se desprende de lo siguiente:

“Artículo 20. En todo proceso de orden penal, tendrá el inculpado las siguientes garantías: 

I. Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando se garantice el monto estimado de la reparación del daño y de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponerse al inculpado y no se trate de delitos en que por su gravedad la ley expresamente prohíba conceder este beneficio.

El monto y la forma de caución que se fije deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá disminuir el monto de la caución inicial.

El juez podrá revocar la libertad provisional cuando el procesado incumpla en forma grave con cualquiera de las obligaciones que en términos de ley se deriven a su cargo en razón del proceso.

II a X…

Las garantías previstas en las fracciones V, VII y IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y limites que las leyes establezcan; lo previsto en las fracciones I y II no estará sujeto a condición alguna. 

En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito, tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le preste atención médica de urgencia cuando la requiera y, los demás que señalen las leyes.” 

Como se observa, en dicha reforma, además de agregarse a la fracción I el concepto de garantizar la reparación del daño para efecto de poder otorgarse la libertad provisional bajo caución, en el último párrafo se establecieron los derechos de la víctima o el ofendido.

Por su parte, el 21 de septiembre de 2000, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma que fue trascendental, ya que el artículo en estudio fue dividido en apartados A y B, estableciéndose en el primero de ellos las garantías del inculpado, mientras que en el segundo se incluyeron las de la víctima o el ofendido, de conformidad con lo siguiente:

“Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

 A. Del inculpado:
I a X… 

B. De la víctima o del ofendido:

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes.

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

V. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y

VI. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.

(DEROGADO ULTIMO PARRAFO, D.O.F. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000)”

Finalmente, el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformó y adicionó, en materia de justicia penal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Reformas recientes

Esta reforma constitucional destaca, por lo que respecta a la víctima u ofendido del delito, porque se incluyeron cuestiones novedosas que si bien deben ser desarrolladas en la legislación reglamentaria correspondiente, la intención del legislador resulta benéfica para la ciudadanía.

Lo anterior es así ya que ahora encontramos que a la víctima u ofendido del delito se le de la oportunidad de interponer los recursos que procedan en su caso e, inclusive, para poder intervenir en el juicio; solicitar por sí mismo la reparación del daño; el resguardo de la identidad y otros datos personales de las víctimas u ofendidos; así como garantizar la restitución de sus derechos.

Por reforma posterior, publicada en el Diario Oficial de la Federación, se incluyó a las víctimas u ofendidos del delito de trata de personas, en la fracción V, del apartado C del artículo 20, y desde entonces tienen derecho al resguardo de sus datos personales e identidad.