Principios de políticas de gobierno

Estos criterios se encuentran dispersos en el articulado de la Carta Magna y son el punto de conexión entre el principio de legalidad y el de gobernabilidad ya que al establecer las facultades, los requisitos, las prohibiciones, las sanciones, los estímulos o excepciones, de algún órgano, institución o poder de la República, fijan los términos o criterios en que se basará la acción de gobierno. Señalan bajo que bases deberá el Estado ejercer sus regulaciones y actos de gobierno, interpretar su aplicación y dirimir sus controversias.

La Constitución, en este plano, fija los principios de las políticas de gobierno establecidas, asegurándose de que su aplicación corresponda con sus propósitos y dando certeza a los mecanismos de control constitucional.

Para conocer estos principios constitucionales se escogieron los que son señalados dentro del texto un mayor número de veces, mismos que se muestran en la gráfica siguiente:

Hay que considerar que los principios de política contenidos en el texto constitucional fueron redactados con un lenguaje usado a lo largo de diferentes décadas de ejercicio del poder reformador constituyente, lo cual hizo difícil su identificación pero, en términos generales, fueron escritos bajo el calificativo de Principios. Se localizaron en el 38% del articulado.

Se pueden resumir de la siguiente forma:

Como puede apreciarse estos principios constitucionales, que rigen la aplicación de múltiples política de gobierno, son los que más veces se citan dentro del propio texto de la Carta Magna, lo cual no significa necesariamente que sean los más trascendentes pero no podemos dejar considerar que la cantidad es un indicador que refleja la importancia que el poder reformador constituyente les ha otorgado al incluirlos tanto en el apartado orgánico como en el dogmático de la Constitución.

Para tratar de subsanar una posible omisión derivada del quantum de estos principios, a continuación se señalan los 53 preceptos que se agruparon bajo el rubro de Otros, en la gráfica anterior.

Pero ¿dónde está la preocupación plasmada en la Constitución para hacer eficaz la legalidad, para aplicarla en la realidad? Una idea más o menos precisa de ello la encontramos en las políticas vigentes pero precisamente las que se señalan principios a los que hay que sujetarse, mismos que se pueden sintetizar en el siguiente gráfico:

El gráfico nos muestra que el texto constitucional vigente contiene una cantidad destacada de principios de política de gobierno, ascienden a 33, señalados en 116 ocasiones. De éstos, la mayor parte está destinado a orientar políticas de conducción de gobierno y en menor medida políticas de carácter social y económico, respectivamente.

Ahora bien, en el tema de conducción de gobierno, sobresalen por su cantidad los principios destinados a las relaciones de todo tipo entre la Federación y las entidades federativas, al suministro de información, los procesos electorales, la seguridad nacional, el sistema educativo y la política exterior, en este orden.

En las políticas sociales, los principios incorporados a la Constitución son fundamentalmente los que regulan la aplicación de los derechos humanos, la acción penal, la administración de justicia y la actuación del ministerio público.

En el orden económico, los principios establecen prioridades para las políticas relativas a las telecomunicaciones, la fiscalización superior, la libre concurrencia, la información estadística y geográfica, y la planeación.