Veto presidencial

El veto presidencial, ha sido previsto por todas las constituciones de la época independiente de México.

La primera constitución de México, como nación independiente, promulgada en 1824, preveía el derecho de veto en sus artículos 55 y 56, en los cuales se establecía que los proyectos de ley, aprobados por la mayoría absoluta de las dos Cámaras, debían turnarse al Presidente, para su aprobación. Sin embargo, se señalaba que el Presidente podía hacer observaciones dentro de los diez días útiles siguientes, a la Cámara de su origen, en cuyo caso serían discutidos nuevamente por ambas Cámaras y de ser aprobados por éstas, pasarían de nuevo al Presidente, quien sin excusa debía firmarlos y publicarlos. Si los proyectos no fuesen aprobados por dos tercios de ambas Cámaras, no podían ser presentados para su discusión, sino hasta el año siguiente.

La Constitución de 1836, denominada “Las Siete Leyes”, de corte centralista, confería el ejercicio del veto no sólo al Presidente, sino también al Supremo Poder Conservador, que se depositaba en cinco individuos que duraban dos años en el cargo. Los artículos 33 al 38 de la Tercera Ley, regularon lo relativo al veto.

En ellos, se estipulaba que todo proyecto de ley o decreto aprobado en ambas Cámaras, en primera o segunda revisión, pasaría a la sanción del Presidente de la República; sin embargo, en el caso de que se tratara de reformas constitucionales, pasarían a la sanción del Supremo Poder Conservador.

En esa Carta Magna se señalaba que la ley o decreto devuelto con observaciones por el Presidente de la República, debía ser examinado de nuevo en ambas Cámaras, y si las dos terceras partes de una y otra insistieren, se pasaría por segunda vez al Presidente, quien ya no podía negarle la sanción y publicación. Igualmente se estipulaba que si la ley o decreto sólo hubiere tenido primera discusión en las Cámaras y al Presidente de la República no le pareciere bien, podría dentro de quince días útiles, devolverla a la Cámara de Diputados, con observaciones. Ahora bien, se establecía que el Presidente, podía negar la sanción sin necesidad de observaciones, si cuando el proyecto de ley o decreto hubiese sufrido en las Cámaras segunda revisión y si la Cámara de diputados con dos terceras partes de los presentes insistía en el proyecto de ley o decreto devuelto por el Senado.

Finalmente se instituía que el proyecto de ley o decreto desechado o no sancionado por el Presidente o por el Supremo Poder Conservador, tratándose de variaciones constitucionales, no podía volverse a proponer en el Congreso, hasta que se hubiese renovado la Cámara de Diputados en su mitad; salvo cuando, tratándose de cambios constitucionales en que se insistiere por la mayor parte de las juntas departamentales (gobiernos de los departamentos, es decir, de los estados), por haber sido aprobados por las dos terceras partes de los miembros presentes de las Cámaras, no pasarían de nuevo a la sanción y se publicarían sin necesidad de ella.

Posteriormente, en el artículo 59 de la Constitución de 1843, denominada “Las Bases Orgánicas de la República Mexicana”, a pesar de ser de corte centralista, como la de 1836, establecía que una vez aprobado un proyecto de ley o decreto, en primera o segunda revisión, se pasaría al Presidente para su publicación.

No obstante, en la fracción XX del artículo 87, se estipulaba como obligación del Presidente, hacer dentro de un plazo de treinta días observaciones con audiencia del Consejo, a los proyectos aprobados por las Cámaras, las cuales, en el caso de que estuviesen cerradas las sesiones del Congreso, debían ser dirigidas a la diputación permanente; asimismo, se establecía que si en ese período no se formulaban observaciones, el proyecto o decreto quedaría sancionado. También, se señalaba que si el proyecto aprobado fuese reproducido, el Gobierno podría suspenderlo con audiencia del Consejo, hasta después del período siguiente de sesiones.

En 1857, al promulgarse la Constitución de 1857, que instaura un sistema legislativo unicameral, se reguló nuevamente el ejercicio del veto. El artículo 70 de tal Constitución instituía las fases del proceso legislativo, señalando que las iniciativas o proyectos de ley debían primero ser dictaminados por una Comisión y después discutidos. Cuando los proyectos fuesen aprobados en una primera discusión, que se realizaría el día que se designase el Presidente del Congreso, se pasarían al Ejecutivo para que éste, en un término de siete días, manifestara su opinión. Si la opinión del Ejecutivo era favorable, se votaría la ley pero si era discrepante, en todo o en parte, ésta volvería a la Comisión, para que con las observaciones del gobierno, examinara de nuevo el negocio, el cual debía ser de nuevo discutido y votado y para ser aprobado requería del voto de la mayoría absoluta de los diputados.

Por otra parte, el artículo 71, establecía que, en caso de urgencia notoria, calificada por el voto de dos terceras partes de los diputados presentes, el Congreso podía dispensar los trámites establecidos para el proceso legislativo.

Como puede observarse, la Constitución de 1857, únicamente permitía al Ejecutivo expresar su opinión en los proyectos de ley, además de que, en caso de urgencia, esta opinión podía desecharse.

En el año de 1874, se reformó el artículo 71 de la Constitución de 1857. Con tal reforma, se restablece de nuevo un sistema legislativo bicameral y se modifica en consecuencia el ejercicio del veto. La reforma establecía que todo proyecto de ley o de decreto cuya resolución no fuese exclusiva de una de las Cámaras, se discutiría sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento de Debates correspondiente, y una vez aprobado por ambas Cámaras, se remitiría al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicaría inmediatamente. Las observaciones al proyecto, podía formularlas el Poder Ejecutivo, dentro de diez días útiles. El proyecto de ley o de decreto que fuese desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, debía ser devuelto con sus observaciones a la Cámara de su origen, que tendría que discutirlo de nuevo y pasarlo a la Cámara revisora, y de sancionarlo por mayoría, debía turnarlo de nuevo al Ejecutivo para su promulgación.

Finalmente, la Constitución de 1917, que actualmente nos rige, estableció en su artículo 72, las fases del proceso legislativo e incluyó el ejercicio del veto presidencial. El texto original del precepto mencionado, prevalece prácticamente intacto hasta nuestros días, ya que únicamente ha sido reformado dos veces. La primer reforma, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 1923, y en ella, se establecieron las limitantes que actualmente existen para que el Ejecutivo ejerza el derecho de veto: a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado; cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales; y cuando se trate del decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente.

Reformas recientes

En la segunda reforma, publicada el 17 de agosto de 2011, se estableció que el plazo con el que cuenta el Poder Ejecutivo para ejercer el veto, es de treinta días naturales posteriores a la recepción del proyecto, ya que una vez transcurrido ese plazo sin devolver el proyecto con observaciones a la Cámara de origen, se reputará aprobado. Igualmente se estableció que vencido tal plazo, el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto, y que transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Finalmente, se estipuló que los plazos referidos no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente.