Responsabilidades de los servidores públicos

En nuestra Constitución, las responsabilidades de los servidores públicos se encuentran reguladas en el Título Cuarto, denominado “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado” y abarca del artículo 108 al 114 constitucional.

El artículo 108 de nuestra Carta Magna, establece quiénes se reputan como servidores públicos, mismos que estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes:

• Los representantes de elección popular.
• Los miembros del Poder Judicial Federal.
• Toda persona que desempeñe una empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la administración pública federal y en los organismos a los que la Constitución General otorgue autonomía.
• El Presidente de la República.
• En el ámbito estatal, los gobernadores de los Estados, los diputados de las Legislaturas locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, asi como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, incluyendo los de la Ciudad de México.  Serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.
• El Fiscal General de la República.
• Los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.

En el artículo 109, establecen que tanto el Congreso de la Unión, como las legislaturas locales, deberán expedir leyes relativas a las responsabilidades de los servidores públicos, conforme a las siguientes bases (artículos 109 y 110):

i. Responsabilidad política.– Se impondrán sanciones de destitución e inhabilitación mediante juicio político a los siguientes servidores públicos: en el ámbito federal, a los senadores y diputados al Congreso de la Unión, a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, a los Consejeros de la Judicatura Federal, a los Secretarios de Despacho, al Fiscal General de la República, al Consejero Presidente, a los consejeros electorales y al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, a los Magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, y a los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, de las empresas de participación estatal mayoritaria y de las sociedades o asociaciones asimiladas a éstas y de los fideicomisos públicos; y en el ámbito estatal, a los Gobernadores de las entidades federativas, a los Diputados Locales, a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y a los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, únicamente por violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, actúen como corresponda.

El procedimiento de juicio político está regulado tanto por la Constitución como por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, disposiciones en las que se establece lo siguiente:

1. El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después y las sanciones se aplicarán en un período no mayor a un año a partir de iniciado el procedimiento (artículo 114 constitucional). En ningún caso se seguirá juicio político por la simple expresión de ideas u opiniones.
2. Cualquier ciudadano podrá formular por escrito, denuncia contra un servidor público ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados. Tal denuncia deberá ratificarse dentro de los tres días naturales siguientes a su presentación y deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes (artículos 109 constitucional y 9º y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos).
3. La Cámara de Diputados debe sustanciar el procedimiento del juicio político, actuando como órgano instructor y de acusación por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, que al momento de su instalación, designarán a cinco miembros de cada una para que en unión con sus Presidentes y un Secretario por cada Comisión, integren la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios políticos.
   Una vez presentada, ratificada y turnada la denuncia a la Subcomisión, ésta dentro de los tres días naturales siguientes a la ratificación de la misma, informará al servidor público o responsable denunciado la materia de la denuncia y le solicitará que comparezca dentro de los siete días naturales siguientes.
   En adelante, la Subcomisión contará con un plazo de 30 días hábiles para determinar la procedencia de la denuncia. Si la propia denuncia es desechada por improcedente, podrá ser revisada por el pleno de las Comisiones Unidas a petición de cualquiera de los Presidentes de las Comisiones o de cuando menos el 10% de los diputados integrantes de las Comisiones, pero si es declarada procedente, la denuncia será remitida a las Comisiones Unidas para que formulen la resolución correspondiente y la turnen a la Sección Instructora de la Cámara, que abrirá un período de prueba de 30 días naturales en el que recibirá pruebas tanto del denunciante como del servidor público y practicará todas las diligencias que considere necesarias, pudiendo ampliar el plazo de ser necesario.
   Una vez concluido el plazo de instrucción, se pondrá el expediente a la vista del denunciante y del servidor público por un término de seis días naturales, quienes dentro de los seis días naturales siguientes deberán formular sus alegatos; y una vez concluido este plazo, la Sección Instructora formulará sus conclusiones, en las que declarará si ha o no ha lugar proceder en contra del servidor público, para lo cual contará con un plazo de 60 días naturales desde el turno de la denuncia, el cual podrá ampliarse de ser necesario.
   Una vez emitidas las conclusiones en las que declare que ha lugar a proceder, entregará éstas a los secretarios de la Cámara de Diputados, para que den cuenta al Presidente de la misma, quien convocará a la Cámara a reunirse, para que dentro de los siguientes tres días naturales resuelva sobre la imputación, plazo en el que podrán presentarse tanto el denunciante como el servidor público para que aleguen lo que a su derecho convenga.
   Concluido este plazo, la Cámara de Diputados se erigirá en órgano de acusación y dará lectura a las constancias y conclusiones del juicio, concediendo la palabra tanto al denunciante como al servidor público, hecho lo cual, se procederá a discutir y votar las conclusiones.
   Si se resolviese que no procede acusar al servidor público, éste continuará en el ejercicio de su cargo y, en caso contrario, se remitirá la acusación a la Cámara de Senadores (artículos 109 constitucional, y 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos).
4. La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo, desechando una denuncia, podrá revisarse por el pleno de las Comisiones Unidas a petición de cualquiera de los Presidentes de las Comisiones o a solicitud, de cuando menos, el diez por ciento de los diputados integrantes de ambas Comisiones.
5. Una vez recibida la acusación en la Cámara de Senadores, ésta la turnará a la Sección de Enjuiciamiento, que emplazará a la Comisión de Diputados encargada de la acusación, al acusado y a su defensor, para que presenten por escrito sus alegatos dentro de los cinco días naturales siguientes. Transcurrido este plazo, la Sección de Enjuiciamiento formulará sus conclusiones en vista de las consideraciones hechas en la acusación y de los alegatos, proponiendo la sanción que deba imponerse al servidor público y expresando los preceptos legales en los que funde tal resolución.
   En caso de ser necesario, la Sección podrá ordenar la práctica de todas las diligencias que considere necesarias para integrar sus conclusiones. Una vez emitidas sus conclusiones, éstas serán entregadas a la Secretaría de la Cámara de Senadores, que se erigirá en Jurado de Sentencia y citará a audiencia con presencia del acusado. Al celebrarse la audiencia en la que se dará lectura a las conclusiones, se concederá la palabra a la Comisión de Diputados y al servidor público y se procederá a votación. Una vez hecha la votación se hará la declaratoria correspondiente. Esta declaración y la de la Cámara de Diputados son inatacables (Artículos 110 constitucional y 22, 23 y 24 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos)

ii. Responsabilidad penal.- Incurre en ella cualquier servidor público por la comisión de delitos sancionados por la ley penal, conducta que debe sancionarse por los tribunales comunes, previo procedimiento de declaración de procedencia (conocido también como “desafuero”) conforme a lo siguiente:

1. Ciertos servidores públicos cuentan con fuero constitucional, que es un privilegio de que está investido el cargo público que desempeñan, por su naturaleza o importancia, y que subsiste durante el tiempo que desempeñan tal cargo, por lo que para proceder penalmente en su contra, se debe desahogar un procedimiento denominado declaración de procedencia, en el cual no se prejuzga sobre su culpabilidad en la comisión del delito, sino que únicamente se determina si ha lugar o no a despojarle de tal fuero para que los tribunales comunes puedan proceder penalmente en su contra y se le juzgue conforme a la ley penal, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, o una vez que hayan sido nombrados o electos para los cargos mencionados.
2. El artículo 111 constitucional, señala que se requiere declaración de procedencia para actuar penalmente, cuando se trate de los siguientes servidores públicos: contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente, los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; y por la comisión de delitos federales, en contra de los Ejecutivos de las Entidades Federativas, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y Consejeros de las Judicaturas Locales, en cuyo caso la declaración de procedencia deberá comunicarse a las Legislaturas Locales, para que procedan como corresponda.
   Por lo que hace al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo mediante juicio político ante la Cámara de Senadores, que resolverá con base en la legislación penal aplicable (artículo 111 constitucional).
3. Para que se inicie el procedimiento de declaración de procedencia, debe existir una denuncia o querella o bien, un requerimiento del Ministerio Público, quien deberá haber cumplido con los requisitos respectivos para el ejercicio de la acción penal. La Sección Instructora de la Cámara de Diputados será quien substancie el procedimiento, para lo cual practicará todas las diligencias necesarias a fin de establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita. La Sección contará con sesenta días hábiles para rendir su dictamen, pudiendo ampliarse el plazo de ser necesario.
   Si durante este plazo, la Sección considera que la imputación es notoriamente improcedente, lo hará saber de inmediato a la Cámara, para que ésta resuelva si se continúa o desecha el procedimiento. Una vez rendido su dictamen, el Presidente de la Cámara anunciará que ésta se erigirá en Jurado de Procedencia al día siguiente en que se hubiese depositado el dictamen, lo cual hará del conocimiento del inculpado y su defensor, del denunciante, querellante o del Ministerio Público en su caso.
   El día designado, la Cámara conocerá en Asamblea del dictamen, la Secretaría dará lectura a los puntos sustanciales de éste y se dará la palabra al denunciante y al acusado o a su defensor para que aleguen lo que a su derecho convenga, hecho lo cual, se procederá a la discusión y votación correspondientes (artículos 111 constitucional y 25, 26 y 27 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos).
4. Si la resolución de la Cámara de Diputados fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero esto no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo.
   Ahora bien, si la Cámara de Diputados declara que ha lugar a proceder, el sujeto será separado de su encargo y quedará a disposición de las autoridades competentes para el correspondiente proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, se le condenará conforme a las sanciones penales aplicables.
   Tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, las sanciones deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.
   En cuanto a las sanciones económicas, éstas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados. La declaración de procedencia es inatacable. (artículo 111 constitucional)
5. La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña el cargo público. (artículo 114 constitucional)
6. El nivel de las sanciones está expresado en el artículo 22 del texto constitucional, el cual considera que la extinción de dominio procederá para el enriquecimiento ilícito, con lo cual éste queda equiparado a los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

iii. Responsabilidad administrativa.- Incurre en responsabilidad administrativa, todo servidor público por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Las obligaciones de los servidores públicos se encuentran descritas en los artículos 7º de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Los aspectos relevantes de la responsabilidad administrativa son:

a) Se castiga la comisión de delitos tanto los cometidos por el servidor público como por el particular involucrado.
b) Se elevan a rango constitucional las sanciones administrativas. Así es como quedan definidas en cinco tipos: amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación y sanciones económicas. Estas a su vez deberán fijarse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones cometidos.
c) Las faltas se someten al siguiente procedimiento: serán investigadas y sustanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control o sus homólogos en las entidades federativas, cuando sean graves; las resolverá el tribunal de justicia administrativa que resulte competente; las demás faltas y sanciones administrativas, las no graves (que se definen en la ley reglamentaria), serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.
d) La declaración patrimonial que se presente ante las autoridades competentes lo será también de intereses.

Por su parte, los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las siguientes facultades:

a) Para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que constituyan responsabilidades administrativas.
b) Para sancionar aquellas omisiones y actos distintos a los que serán competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
c) Para revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales.
d) Para presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
e)  No les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios.

iv. Responsabilidad Civil.- La responsabilidad civil se manifiesta en la reparación pecuniaria. En este caso, el artículo 109 constitucional establece que la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa y los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases y procedimientos que establezcan las leyes.

Asimismo, en las demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público, no se requerirá declaración de procedencia.

v. Responsabilidad de particulares. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas siguientes:

1. inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
2. El resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. Las personas morales serán sancionadas cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella.
3. Suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves.
   En estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva.

La responsabilidad del Estado por los daños que ocasione debido a la actividad administrativa irregular que realice y cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. Asimismo, hay que mencionar que la ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109 (beneficios económicos y los daños y perjuicios patrimoniales causados). Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares. Será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales.