Distribución equitativa de la riqueza pública

Sergio López Ayllón y Adriana García, han explorado la idea de que los modelos económicos y los derechos sociales están involucrados en la distribución de la riqueza para tratar de entender un esquema democrático constitucional.  Concluyen que “Desde el punto de vista normativo nadie cuestiona la importancia de que las Constituciones contengan un amplio catálogo de derechos, que en todo caso están suficientemente sustentados en el orden internacional.  El problema constitucional se plantea respecto de los instrumentos con los que cuenta el Estado para dar vigencia a estos derechos, en particular en materia tributaria y de gasto. Aquí parece existir una tensión no cabalmente resulta y existen dudas razonables sobre si es posible hacerlo a nivel meramente normativo.” ((LÓPEZ AYLLÓN Sergio y GARCÍA Adriana.  Distribución de la riqueza: el complejo equilibrio de la democracia constitucional.  Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Biblioteca Virtual.))

El concepto de Distribución equitativa de la riqueza pública, es parte del texto original de la Constitución Política.  Su permanencia después de 100 años de vigencia se puede atribuir a los principios rectores que enerbola, especialmente el de la rectoría económica que se incorpora al constitucionalismo mexicano para propiciar el desarrollo económico y las condiciones de bienestar social, que no pudo engendrar por si misma la mano invisible del mercado, ausentes en la antecesora Carta de 1857.

La distribución que se plantea en 1917 es consecuencia directa del nuevo modelo económico legitimado después del proceso revolucionario, de orden capitalista, con economía competitiva, pero supervisado y promovido mediante mecanismos intervencionistas que sólo el Estado naciente fue capaz de establecer.

El planteamiento central está en el artículo 27, tercer párrafo, donde se establece que la nación tendrá el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, entre otros propósitos.

Los instrumentos constitucionales para alcanzar tal propósito son los siguientes:

El reparto agrario.  Permitió atender las demandas de tierra de los grupos campesinos después de la revolución de 1910 y creó un mercado interno al liberar al campesino del peonaje, volverlo consumidor con poder de compra y formar la oferta de mano de obra que necesitaba la industria y los servicios nacientes.  En 1992 se dispone la conclusión del proceso de reparto.

La conservación de los recursos naturales.   Procura evitar su destrucción y permitir su ciclo de renovación.  Este ha sido un renglón en el que se ha insistido primero preservando y después restaurando.

La calidad de vida urbana.  Ante el proceso de urbanización y conurbaciones, se incorporan nuevas regulaciones sobre asentamientos humanos.

El desarrollo rural integral.  El propósito ha sido generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, fomentando la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

Este marco lo completan las disposiciones constitucionales relativas a la competitividad, el fomento del crecimiento económico a partir del gasto público, los impuestos, subsidios, así como el empleo.  Aquí se aprecia que los mecanismos han sido tanto distributivos como redistributivos, unos promoviendo el crecimiento de la economía y otros reasignando el excedente y la riqueza creados hacia grupos y regiones que más lo necesitan.

Nuestra Constitución considera la distribución de la riqueza no sólo como un componente de varios principios normativos sino también como un objetivo del proyecto nacional que promueve y conduce.  En la división de poderes, el estado federal y la rectoría económica, todas ellas decisiones políticas fundamentales, un común denominador es el concepto de la distribución equitativa de la riqueza en diferentes escenarios de gobierno, todos enfocados en una misma dirección, la de atemperar la desigualdad económica y social prevaleciente.

La seguridad jurídica es otro propósito íntimamente vinculado con la distribución de la riqueza.  La relación se da cuando las políticas de gobierno distributivas y redistributivas, descansan en regulaciones que generan certidumbre a los actores económicos en su participación dentro de la actividad económica.  Un caso representativo es el de la protección industrial que otorga la legislación y las autoridades jurisdiccionales en el caso de prácticas desleales de comercio internacional, cuando se aplica correctamente para evitar el desmantelamiento de empresas nacionales, con la consiguiente pérdida de empleo y de generación de riqueza nacionales, al ser afectadas por los precios discriminatorios de proveedores extranjeros en su afán de apoderarse del mercado nacional mediante el dumping o las subvenciones de sus gobiernos.