Partidos políticos

La constitucionalización del poder a partir de los textos norteamericanos y franceses de fines del siglo XVIII y el proceso constante de democratización, con mayor participación de votantes en la elección de los gobernantes, dio origen al sistema de partidos. Los partidos políticos surgen como una consecuencia del derecho fundamental de asociación en materia política, es decir, como un derecho de los electores para formar grupos de ideas políticas comunes; sin embargo, el reconocimiento constitucional y la regulación legislativa de los partidos políticos fueron procesos lentos.

De acuerdo con Maurice Duverger, el origen de los partidos políticos se remonta a 1850, época en la que ya existían clubes políticos, asociaciones y grupos parlamentarios; sin embargo, tal origen no podría explicarse si no se vincula su historia a la de la democracia representativa. De ahí que el desarrollo de los partidos se encuentre vinculado con la extensión de las prerrogativas parlamentarias y de sufragio ya que, por un lado, al afirmarse la independencia del parlamento, sus integrantes procuraron agruparse y, por el otro, la universalización del derecho de voto incentivó la formación de agrupaciones a través de las cuales fuera posible canalizar los votos.((DUVERGER, Maurice.  Los Partidos Políticos.  Fondo de Cultura Económica.  México, 2006.))

De acuerdo con la doctrina, el origen de los partidos políticos es doble: parlamentario y extraparlamentario. Los partidos de origen parlamentario y electoral se formaron por representantes populares que en las épocas de elecciones desarrollaban ciertas actividades con el objeto de integrar grupos con propósitos políticos definidos en el seno del parlamento. Los partidos de origen extraparlamentario, como partidos de masas, se desarrollaron a partir de la actividad desplegada por organizaciones independientes del parlamento, como es el caso de los sindicatos.

En México, un primer paso se dio con la promulgación de la Constitución de 1917, que reconoció en su artículo 9º el derecho de los ciudadanos para asociarse y tratar los asuntos políticos del país, sentándose con ello las bases para la creación de los partidos políticos.

Un paso más se dio en 1963 cuando se reformaron los artículos 54 y 63 constitucionales, relativos al régimen de diputados de partido y se formuló una referencia a los partidos políticos, sin determinar aún su naturaleza, funciones y los fines que éstos perseguirían.

Finalmente en 1978, se incorporó a la Constitución la definición de los partidos políticos como “entidades de interés público”, estableciéndose también los fines que éstos persiguen con la siguiente adición: “los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organización de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.”

Resulta conveniente señalar que en 1996 se aprobaron importantes adiciones y reformas a diversos artículos constitucionales, entre ellos a los artículos 41 y 99 constitucional. Al artículo 41 se adicionó la “libre e individual afiliación a los partidos” y se reguló su financiamiento a través de recursos públicos y su correspondiente fiscalización, resultando tal adición un considerable avance. Asimismo, al reformarse el artículo 99 se contempló un procedimiento jurisdiccional para impugnar los actos tendientes a vulnerar el derecho fundamental de libre afiliación.

Reformas recientes

El sistema de partidos es de suma importancia en las sociedades actuales, ya que éstos constituyen una base fundamental de la democracia moderna.

En sociedades modernas y complejas como la nuestra, los partidos políticos resultan fundamentales, puesto que representan el ejercicio del derecho de asociación, mediante organizaciones cuyo objetivo debe ser promover el pluralismo, la confrontación pacífica y la participación de los ciudadanos en la vida política del país, ya sea eligiendo a sus propios gobernantes mediante el sufragio o bien, haciendo viable el acceso de ellos al ejercicio del poder público.

En consecuencia, la Reforma Electoral de 2008,  se centró en una inédita transformación del funcionamiento de los partidos políticos, cambiando y adicionando los preceptos constitucionales en que se encontraban regulados, con el fin de reglamentar el financiamiento público y privado que reciben los partidos, los tiempos de duración de sus campañas y precampañas políticas, la transparencia de sus erogaciones, su acceso a los medios de comunicación social y el funcionamiento de las autoridades electorales, introduciendo importantes e innovadores cambios, que en materia de partidos políticos, se pueden resumir de la siguiente manera:

• Se estableció la prohibición de intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente y cualquier forma de afiliación corporativa, en la creación de partidos políticos.
• Se suprimió la extrema judicialización de los asuntos internos de los partidos políticos.
• Se implantó una significativa reducción de los recursos públicos y privados que obtenían los partidos políticos y la prevalencia de los primeros.
• Se estableció también una reducción en los tiempos de duración no sólo de las campañas electorales sino también de las precampañas.
• Se creó una clara regulación del acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social.
• Se otorgó mayor autonomía para la profesionalización de las funciones que realizan las autoridades electorales.

 Los objetivos de estos cambios quedaron de manifiesto en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional, en la cual se afirmó lo siguiente:

“El primer objetivo es disminuir en forma significativa el gasto en campañas electorales, lo que se propone alcanzar mediante la reducción del financiamiento público, destinado a tal propósito: en un setenta por ciento en las elecciones en que solamente se renueva la Cámara de Diputados, y del cincuenta por ciento en las elecciones en que se renuevan el Poder Ejecutivo y las dos Cámaras del H. Congreso de la Unión. 

Una nueva forma de cálculo del financiamiento público anual para actividades ordinarias de los partidos políticos hará posible que no siga creciendo, como ha sido hasta ahora, con motivo del incremento en el número de partidos políticos nacionales…” 

“…con la nueva forma de cálculo propuesta por esta Iniciativa, el financiamiento público a los partidos políticos nacionales supone que cada ciudadano inscrito en el padrón aportaría, anualmente, 35 pesos con 40 centavos. 

En consonancia con la reducción al financiamiento de campañas, y para atender un justificado reclamo de la sociedad, se propone establecer que la campaña presidencial acorte su duración actual en casi la mitad, de 186 días a 90 días, plazo máximo que también se establece para las de senadores y diputados en ese mismo año… 

En materia de acceso a los medios de comunicación, la Iniciativa deja establecida la base para que el Constituyente Permanente, en uso pleno de su Soberanía, determine lo conducente.”

“Un segundo objetivo es el fortalecimiento de las atribuciones y facultades de las autoridades electorales federales a fin de superar las limitaciones que han enfrentado en su actuación. De esta manera, el Instituto Federal Electoral vería fortalecida su capacidad para desempeñar su papel de árbitro en la contienda, mientras que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Iniciativa propone perfeccionar su facultad para decidir la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución Federal, en armonía con la calidad de Tribunal Constitucional que la propia Constitución reserva para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”

Todo esto tuvo el objetivo de dar paso a una tercera generación de reformas electorales (se puede decir que la primera se llevó a cabo entre 1977 y 1986 y la segunda de 1989 a 1996) que promuevan la democracia en nuestro país, la mayor obtención de recursos públicos a favor de los sectores más desprotegidos de la sociedad, el mejor funcionamiento de las autoridades electorales y el establecimiento de una mejor relación entre los partidos políticos y la sociedad.

Con la reforma constitucional de 2014 cambia la situación para los partidos políticos, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena que la ley garantizará que éstos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y establecerá las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

Igualmente, preceptúa que el financiamiento público para los Partidos Políticos Nacionales que mantengan su registro después de cada elección se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. En el que se establecerán, entre otras, las reglas para el cálculo del financiamiento público de los partidos políticos nacionales.

Asimismo, se instituye la nulidad de elecciones cuando un candidato rebase por más de 5% el tope de gasto de campaña, que reciba o utilice recursos ilícitos o compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. La nulidad procederá cuando la violación sea determinante para el resultado y se señala que esto ocurrirá cuando la diferencia entre el primero y segundo lugares sea menor a 5% de la votación.

Se incrementa de dos a tres por ciento el umbral de votos necesario para que un partido conserve su registro y se dispone la paridad absoluta en las candidaturas para el Congreso federal: deberán ser mitad hombres y mitad mujeres.