Derecho al medio ambiente

Si bien el derecho al medio ambiente en la actualidad es reconocido como tal, hace algunas décadas, cuando la preservación ambiental no representaba una preocupación mundial, no se incluía como tal en las constituciones nacionales.  Sin embargo, la mayoría de los instrumentos internacionales de la era moderna reconocía implícitamente esta prerrogativa ciudadana, junto con un nivel de vida adecuado, la salud y el bienestar correspondientes.

Posteriormente, el Pacto Internacional para los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, de 1966, estableció explícitamente en su artículo 12 que “1.- Los Estados Partes en el presente Pacto, reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.  2.- Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente…”

Asimismo, la Convención para los Derechos del Niño de 1989, en su artículo 24 señala que los Estados Partes reconocen el derecho de los niños a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico y mental; también establece que los Estados Partes se esforzarán y tomarán las medidas necesarias para combatir las enfermedades y la malnutrición mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente.

Ahora bien, el reconocimiento de este derecho en las constituciones del mundo, es una tendencia reciente, ya que a partir de los años setentas, las constituciones que se han expedido o bien las ya expedidas con anterioridad, se han reformado a fin de incluir este derecho como un derecho humano garantizado por el Estado.

La Constitución mexicana en su texto original de 1917, es precursora en este concepto ya que señaló la preocupación por el medio ambiente al establecer en su articulo 27 párrafo tercero, que “La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de … regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación.  Con este objeto se dictarán las medidas necesarias para … evitar la destrucción de los elementos naturales …”

Mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de agosto de 1987 se reafirma esta misma intención al introducirse, en el mismo párrafo constitucional, la afirmación de que se dictarán las medidas necesarias para, entre otros fines ya establecidos, “preservar y restaurar el equilibrio ecológico”.  Seis meses después, el 28 de enero de 1988, se expide la ley reglamentaria correspondiente, misma que continúa vigente hasta la fecha.

Este ordenamiento, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, señala diversas medidas tendientes a proteger el ambiente y que tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.

El derecho a un ambiente adecuado fue reconocido como tal en la Constitución, hasta la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999.  Es una obligación que difícilmente los Estados pueden cumplir hoy en día debido al daño ambiental que existe.  Tan sólo México lleva expedidas sucesivamente desde 1971 tres versiones de la ahora llamada Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, vigente a la fecha, la cual a su vez ha tenido 13 reformas, sin que ello haya podido contener el deterioro ecológico y el consecuente ejercicio pleno de este derecho.

Es por ello que la protección representa una preocupación global y por tal motivo se han celebrado en las últimas décadas, instrumentos internacionales en los que se busca que los Estados Parte se comprometan a tomar las medidas necesarias para proteger al medio ambiente:

• Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo de 1992.
• Declaración de Beijing de 1995.
• Protocolo de Kyoto del Convenio Marco sobre el Cambio Climático de la ONU de 1997 (cuya entrada en vigor fue en el año de 2005).