Instituto Nacional Electoral

El Instituto Nacional Electoral tiene como antecedente remoto la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, creada por la ley electoral federal, publicada el 7 de enero de 1946, como un órgano de vigilancia de las elecciones federales. Le siguió la Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación y establecida en la ley electoral federal, emitida el 4 de diciembre de 1951, para ampliar sus facultades de vigilancia de los procesos electorales y organizar el Registro Nacional de Electores, entre otras funciones electorales a su cargo. 

Con la ley federal electoral, publicada el 5 de enero de 1973, la Comisión Federal Electoral, según su artículo 42, se transforma en organismo autónomo, de carácter permanente con personalidad jurídica propia.

El posterior surgimiento del Instituto Federal Electoral (IFE), respondió al constante debate existente en México, desde la reforma electoral de 1977, sobre las instancias encargadas de organizar las elecciones.

En 1990, con la reforma constitucional al artículo 41, se crea finalmente el IFE como un órgano constitucional autónomo, gozando con ello de autonomía constitucional, política, administrativa y financiera.

En ese entonces, el IFE se componía por seis consejeros magistrados, el Secretario de Gobernación, quien fungía como presidente, dos diputados y dos senadores y un número variable de representantes de los partidos en orden a la votación obtenida en la elección anterior. 

Su conformación incluyó órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia; asimismo, se instituyó la incorporación de los partidos políticos nacionales en los procesos de organización de las elecciones.

Al crearse el IFE, se señalaron los objetivos que perseguiría:

1. Contribuir al desarrollo de la democracia en el país.
2. Preservar el funcionamiento del régimen de los partidos políticos.
3. Conformar el Registro Federal de Electores.
4. Organizar las elecciones.
5. Garantizar el ejercicio de los derechos electorales de los ciudadanos.
6. Crear una cultura ciudadana del voto y de la democracia.

Una vez señalados los fines de IFE, se establecieron también sus funciones:

– Elaborar el padrón electoral y la lista de electores.
– Elaborar la impresión de materiales electorales.
– Preparar la jornada electoral.
– Llevar a cabo los cómputos de la jornada electoral.
– Declarar válida la elección y entregar constancias en las elecciones de diputados y senadores.
– Llevar a cabo el cómputo en la elección de Presidente de la República.
– Regular la observación electoral, las encuestas y sondeos de opinión con fines electorales.
– Llevar a cabo actividades relativas a la capacitación y educación cívica. 

En abril de1994 se modifica de nueva cuenta este mismo artículo 41, enfocándose ahora en la necesidad de “reforzar la autonomía de los órganos de dirección del Instituto Federal Electoral mediante el cambio en la forma de su integración”, tal como lo expone la iniciativa de esta reforma. Dicho cambio se tradujo en la inserción de la figura de los consejeros y consejeros ciudadanos designados por los poderes legislativo y ejecutivo y por representantes de los partidos políticos, a quienes ya no se les exige ser, necesariamente, abogados de profesión.

En agosto de 1996 una nueva reforma al artículo 41 constitucional, ajusta nuevamente la estructura orgánica del IFE, misma que se mantuvo hasta 2014.

Se conforma por un Consejo General como órgano superior de dirección, el cual se integra por un consejero presidente, ocho consejeros electorales, consejeros del Poder Legislativo y representantes de los partidos políticos (los cuales concurren con voz pero sin voto) y un Secretario Ejecutivo.

Reformas recientes

Las modificaciones al artículo 41 constitucional, y en particular, las relativas al Instituto Nacional Electoral, constituyen uno de los ejes fundamentales de la Reforma Electoral de 2014, con las que se da paso a un nuevo modelo electoral en nuestro país. 

De esta manera, al crearse el Instituto Nacional Electoral se fijan como sus principales objetivos:

• Contribuir al desarrollo de la vida democrática.
• Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
• Integrar el Registro Federal de Electores.
• Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.
• Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.
• Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.
• Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática.
• Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, destinado a los objetivos propios del Instituto y a otras autoridades electorales, además de garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia.

Para efecto de lograr tales fines, corresponde conocer al Instituto Nacional Electoral:

a) En los procesos electorales federales y locales:

1. La capacitación electoral.
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales.
3. El padrón y la lista de electores.
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas.
5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales.
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.
7. Las demás que determine la ley.

b) Para los procesos electorales federales:

1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos.
2. La preparación de la jornada electoral.
3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales.
4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley.
5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores.
6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los   distritos electorales uninominales.
7. Las demás que determine la ley.

El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable. A petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus dirigentes.

Además de realizar todas las actividades relacionadas con la preparación, organización y conducción de los procesos electorales federales, la Constitución General y la legislación electoral le ordenan al Instituto Nacional Electoral realizar otras actividades, entre las que se encuentran las siguientes:

1. Realizar labores de capacitación y educación cívica.
2. Elaborar la geografía electoral del país.
3. Garantizar los derechos y prerrogativas de los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales.
4. Elaborar el Padrón Electoral y las listas de electores.
5. Diseñar, imprimir y distribuir los materiales utilizados en las jornadas electorales federales.
6. Preparar las jornadas electorales federales.
7. Realizar el cómputo de resultados electorales.
8. Declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores y otorgar las constancias correspondientes.
9. Regular la observación electoral, así como la realización de encuestas y sondeos de opinión.
10. Administrar el tiempo que le corresponde al Estado en radio y televisión para fines electorales.

 Entre la Comisión Federal Electoral de 1951 y el Instituto Nacional Electoral de 2014 hay 63 años de diferencia. El primero fue un organismo cuyo costo de operación descansaba en ocho personas, todos ellos servidores públicos que no cobraban por realizar esta función. Ahora su personal asciende a más de 16 mil personas y su gasto programable para 2017, es de 15,071 millones de pesos. La explicación de esto se encuentra en las funciones de los procesos electorales que han sido asumidas por esta institución en la medida que la sociedad se ha tornado más grande y compleja para escoger a sus representantes populares.