Libertad de imprenta

La libertad de imprenta se encuentra garantizada por el artículo 7º constitucional, que es del tenor literal siguiente:

“Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.”

Este precepto contiene 4 principios fundamentales:

1. El derecho de toda persona de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia.
2. La obligación del Estado de abstenerse de coartar la libertad de difusión, de establecer previa censura, y de secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.
3. La encomienda al Congreso de la Unión de expedir las leyes necesarias para evitar que los expendedores, papeleros, operarios y demás empleados de establecimientos de donde haya salido un escrito denunciado, sean encarcelados, salvo que se demuestre previamente su responsabilidad.
4. Los límites a la libertad de imprenta: el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Estos límites se encuentran regulados principalmente en la Ley sobre Delitos de Imprenta, promulgada en 1917.

El respeto a la vida privada.- La Ley sobre Delitos de Imprenta, establece en su artículo primero, que constituyen ataques a la vida privada: toda manifestación o expresión maliciosa hecha por cualquier medio impreso, que exponga a una persona al odio, desprecio o ridículo, o pueda causarle demérito o en su reputación o en sus intereses, o que tales manifestaciones sean en contra de la memoria de un difunto con el propósito o intención de lastimar el honor o la pública estimación de sus herederos o descendientes; así como todo informe, reportazgo o relación de las audiencias de los jurados o tribunales, en asuntos civiles o penales, cuando refieran hechos falsos o se alteren los verdaderos con el propósito de causar daño a alguna persona, o se hagan, con el mismo objeto, apreciaciones que no estén ameritadas racionalmente por los hechos, siendo éstos verdaderos. 

El respeto a la moral.- Igualmente, la Ley sobre Delitos de Imprenta, establece que constituye un ataque a la moral, toda manifestación o expresión maliciosa hecha por cualquier medio impreso, con la que se defiendan o disculpen, aconsejen o propaguen públicamente vicios, faltas o delitos o se haga apología de ellos o de sus autores, se ultraje u ofenda públicamente al pudor, la decencia o a las buenas costumbres, se excite a la prostitución o a la práctica de actos licenciosos o impúdicos, entendiéndose como tales todos aquéllos que en el concepto público sean contrarios al pudor; así como toda distribución, venta o exposición al público por medios impresos o audiovisuales de carácter obsceno.

El respeto a la paz pública.- En la Ley sobre Delitos de Imprenta, se establece también, que constituyen un ataque al orden o a la paz pública: toda manifestación o exposición maliciosa hecha públicamente por medios impresos, que tenga por objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del país; o con los que se injuria a la Nación Mexicana, o a las Entidades Políticas que la forman; toda manifestación o expresión maliciosa hecha públicamente por medios impresos, con la que se aconseje, excite o provoque directa o indirectamente al Ejército a la desobediencia, a la rebelión, a la dispersión de sus miembros, o a la falta de otro u otros de sus deberes; se aconseje, provoque o excite directamente al público en general a la anarquía, al motín, sedición o rebelión, o a la desobediencia de las leyes o de los mandatos legítimos de la autoridad; se injurie a las autoridades del país con el objeto de atraer sobre ellas el odio, desprecio o ridículo; o con el mismo objeto se ataque a los cuerpos públicos colegiados, al Ejército o Guardia Nacional o a sus miembros, con motivo de sus funciones; se injurie a las naciones amigas, a los soberanos o Jefes de ellas o a sus legítimos representantes en el país; o se aconseje, excite o provoque a la comisión de un delito determinado; así como la publicación o propagación de noticias falsas o adulteradas sobre acontecimientos de actualidad, capaces de perturbar la paz o la tranquilidad del país, o de causar el alza o baja de los precios de las mercancías o de lastimar el crédito de la Nación o de algún Estado o Municipio, o de los bancos legalmente constituidos.

Igualmente, la Ley sobre Delitos de Imprenta, establece de manera expresa las siguientes prohibiciones (artículo 9º):

1. Publicar escritos o actas de acusación en un proceso criminal antes de que se dé cuenta con aquellos o éstas en audiencia pública.
2. Publicar en cualquier tiempo, sin consentimiento de todos los interesados, los escritos, actas de acusación y demás piezas de los procesos que se sigan por los delitos de adulterio, atentados al pudor, estupro, violación y ataques a la vida privada.
3. Publicar sin consentimiento de todos los interesados las demandas, contestaciones y demás piezas de autos en los juicios de divorcio, reclamación de paternidad, maternidad o nulidad de matrimonio, o diligencia de reconocimiento de hijos y en los juicios relativos a esa materia.
4. Publicar lo que pase en diligencias o actos que deban ser secretos por mandato de la ley o por disposición judicial.
5. Iniciar o levantar públicamente subscripciones o ayudas pecuniarias para pagar las multas que se impongan por infracciones penales.
6. Publicar los nombres de las personas que formen un jurado, el sentido en que aquéllas han dado su voto y las discusiones privadas que tuvieren para formular su veredicto.
7. Publicar los nombres de los soldados o gendarmes que intervengan en las ejecuciones capitales.
8. Publicar los nombres de los Jefes u Oficiales del Ejército o de la Armada a quienes se encomiende una comisión secreta del servicio.
9. Publicar los nombres de las víctimas de atentados al pudor, estupro o violación.
10. Censurar a un miembro de un jurado popular por su voto en el ejercicio de sus funciones.
11. Publicar planos, informes o documentos secretos de la Secretaría de la Defensa y los acuerdos de ésta relativos a movilización de tropas, envíos de pertrechos de guerra y demás operaciones militares, así como los documentos, acuerdos o instrucciones de la Secretaría de Estado, entre tanto no se publiquen en el Diario Oficial de la Federación o en boletines especiales de las Secretarías.
12. Publicar las palabras o expresiones injuriosas u ofensivas que se viertan en los Juzgados o tribunales, o en las sesiones de los cuerpos públicos colegiados.

Debe señalarse, que también en el artículo 130, inciso e) de la Constitución Federal, se señala como límite a la libertad de imprenta, la prohibición a los ministros de culto de oponerse a las leyes del país o a sus instituciones y de agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios en propaganda religiosa o en publicaciones de carácter religioso.

Igualmente, el Código Penal Federal prevé los siguientes delitos, relacionados con la libertad de imprenta o de prensa:

1. Traición a la patria (artículo 123).
2. Rebelión (artículo 135).
3. Corrupción de menores (artículo 200).
4. Pornografía de menores (artículo 202).
5. Revelación de secreto (artículos 210 y 211).
6. Delitos contra la economía pública (artículo 254).

Cabe mencionar que tanto en el artículo 6º constitucional como en la Ley sobre Delitos de Imprenta, se reconoce el derecho de réplica o rectificación. La Ley mencionada, establece también que los periódicos tienen obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las autoridades o particulares quieran dar a las alusiones que se hagan en artículos, editoriales, párrafos, reportazgos o entrevistas.