8. Principio de la Soberanía

La soberanía como decisión política fundamental es de gran trascendencia porque involucra dos partes de la noción constitucional acerca del poder constituido: el pueblo, en quien reside originalmente la propia soberanía, con el derecho que le asiste de alterar la forma de su gobierno; así como la interdependencia con otras naciones, donde la Nación ejerce la representación, defensa y promoción de sus derechos e intereses.

De acuerdo a nuestro método de análisis la soberanía se califica como un principio del proyecto nacional, que está orientado a la democracia, los derechos sociales, la rectoría económica y la seguridad de la nación, tal como lo señala el diagrama sobre el particular.

Los componentes de la soberanía son tres tipos de conceptos referidos a:

Los grupos sociales. El mecanismo de representación popular se determina con los conceptos relativos a las campañas políticas, las elecciones y el voto o sufragio, así como por las instituciones que organizan y califican los procesos electorales, que han registrado constantes ajustes en las últimas cinco décadas, en busca de legitimidad y de inclusión progresivas.

El territorio. Este componente de la soberanía se describe a través de los conceptos: recursos naturales, aguas nacionales, aguas y mares territoriales, bienes de dominio público, vías generales de comunicación y zona económica exclusiva, que se administran bajo el régimen del derecho de propiedad, en donde la definida como originaria permite las diferentes formas de propiedad que reconoce la propia Carta constitucional.

El poder público. Los instrumentos en este caso corresponden a todas las instituciones que componen el aparato de gobierno tanto en su expresión federal como de las entidades federativas y sus municipios.  Dentro de tales instrumentos hay que destacar al concepto de política exterior por su trascendencia en la preservación de la integridad del país y su utilidad en el creciente mundo interdependiente de hoy, defendiendo y promoviendo la cooperación, la no intervención, la paz y la seguridad internacionales, entre otros de sus principios normativos.

En una línea de tiempo, los instrumentos e instituciones de evolución reciente en el orden de la participación popular son los que enarbolan propósitos democráticos, dentro de las instituciones cuyas funciones son preponderantemente legislativas. Los de mayor significado han sido la instauración del esquema mixto de representación en las dos Cámaras del Congreso de la Unión en 1977, la ciudadanización del organismo que administra las elecciones en 1996 y la figura del candidato independiente en 2012.

Una decisión que ensanchó los derechos de soberanía del país sobre sus recursos naturales y las posibilidades reales de su uso y explotación en favor de la sociedad mexicana en las aguas marinas, fue el establecimiento de una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial, en 1976.