Política ecológica

La política ecológica vigente está sustentada en la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, publicada el 28 de enero de 1988, la cual ha sido reformada 39 veces en un esfuerzo de ponerla en consonancia con acciones públicas que incidan sobre la realidad ambiental de nuestro país y posibiliten la protección y restauración de sus recursos naturales.

El recrudecimiento de los problemas ambientales y su proliferación en muchos renglones de la extensa biodiversidad del territorio nacional, así como la extensa participación del Gobierno Federal en la cooperación internacional para el desarrollo, han diversificado los instrumentos de la política ecológica, mismos que se describen a continuación.

Hay que señalar que esta política se diseñó para que sean descentralizadas a las entidades federativas y a los municipios las facultades de prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera; la participación en la prevención y control de la contaminación de las aguas, especialmente en lo que se refiere al agua para el uso o consumo humano en los centros de población; la prevención y control de la contaminación por ruido, energía térmica, vibraciones, olores y servicios municipales; la creación de zonas de reserva ecológica de interés estatal o municipal; el establecimiento de sistemas de evaluación del impacto ambiental para los casos que no competen a la esfera federal; y la aplicación de las sanciones en el ámbito de su competencia.

[toggle style=»closed» title=»Preservación y Restauración»]

En este rubro está la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, emitida en 1988, con 30 años de vigencia y 39 reformas en su haber (hasta el mes de febrero de 2018), lo que nos da una velocidad de cambios de 9 meses en promedio.  La preocupación por dar eficacia a las normas y acciones ha hecho que esta política tenga un gran dinamismo, ante la veloz urbanización e industrialización del país, y se haya extendido en diversos y variados campos como lo muestran sus 14 reglamentos vigentes ahora vigentes.

La materia de la vida silvestre y su hábitat, establece reglas destinadas a su conservación mediante la protección y la exigencia del aprovechamiento sustentable, de modo que simultáneamente se logre mantener y promover la restauración de su diversidad e integridad, así como incrementar la calidad de vida de los habitantes del país.

Para enfrentar el cambio climático, la política ambiental incluye una ley destinada a que la sociedad logre adaptarse a los nuevos fenómenos climáticos y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.  Busca fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación, así como la difusión en materia de adaptación y mitigación de este cambio.

La política ambiental se ocupa también de la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sean exigibles a través de un debido proceso judiciales, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

La mas reciente incorporación es la de un conjunto de disposiciones de jurisdicción federal, que tienen por objeto el control y la prevención de la contaminación o alteración del mar por vertimientos en las zonas marinas mexicanas.  Se trata de la ley de vertimientos en las zonas marinas mexicanas, en las que emerge la Secretaría de Marina como nueva autoridad en la materia, coadyuvante de la Secretaría del ramo.

También, en 2014 se crea la de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, responsable de la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos, a través de la regulación y supervisión de la seguridad industrial y seguridad operativa; las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones; y el control integral de los residuos y emisiones contaminantes.

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[toggle style=»closed» title=»Áreas Naturales Protegidas»]

Este concepto nace del reconocimiento que se hace en la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de las áreas naturales protegidas como zonas del territorio nacional y de las que la Nación ejerce soberanía y jurisdicción, como islas y cuerpos de agua, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservadas y restauradas, quedando sujetas al régimen previsto en esta ley.

Las áreas naturales ascienden a más de 100, que han sido creadas en el lapso del siglo de vigencia de nuestro texto constitucional. Van desde el decreto presidencial que declara parque nacional el Desierto de los Leones, emitido en noviembre de 1917, hasta el que declara como área natural protegida, con el carácter de parque nacional, la región conocida como Revillagigedo, localizada en el Pacífico Mexicano y publicado en noviembre de 2017.

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[toggle style=»closed» title=»Desarrollo Forestal»]

Esta subpolítica contiene las regulaciones sobre la sustentabilidad de los recursos forestales, de las cuencas y ecosistemas hidrológico-forestales, el impulso a la silvicultura y el aprovechamiento de los recursos forestales, especialmente el de los propietarios y pobladores forestales, el mantenimiento y aumento la biodiversidad de los bosques, así como la organización y capacitación de las instituciones públicas creadas para el ejercer este campo de las acciones de gobierno.

También las normas pretenden el respeto al derecho de uso y disfrute preferente de los recursos forestales, en los lugares que ocupan y habitan las comunidades indígenas.

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[toggle style=»closed» title=»Sustancias Peligrosas»]

En este caso están las regulaciones que reglamentan los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ejercen las atribuciones que les confieren los ordenamientos legales en materia de registros, autorizaciones de importación y exportación y certificados de exportación, de plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias y materiales tóxicos o peligrosos.

Estas regulaciones son reglamentarias de las leyes en materia de salud, medio ambiente, sanidad vegetal y animal, así como comercio exterior.

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[toggle style=»closed» title=»Residuos»]

En este caso está la legislación confeccionada para propiciar el desarrollo de industrias de gestión de residuos sólidos urbanos, de los que necesitan un manejo especial, de los calificados como peligrosos, así como prevenir la contaminación de los sitios de confinación de estos residuos.

Cabe destacar que el propio texto constitucional señala, por reforma realizada en 1999 al artículo 115, que los municipios tienen a su cargo el servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

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Dentro de las tablas dinámicas que muestran los marcos jurídicos, la legislación relativa a las reformas a la Carta constitucional, leyes, códigos, tratados internacionales y algunas disposiciones administrativas seleccionadas, se vinculan con los conceptos constitucionales elaborados en el SIEMéxico® para la mejor comprensión de su alcance.

Cada una de las pestañas tituladas Constitución (Directrices), Leyes y Reglamentos (Instrumentos), Otras Disposiciones, Tratados internacionales (globalización) y Lo Más Reciente, contiene una ayuda que explica su contenido.