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Un Mar de Oportunidades para México
Desde que nos constituimos como colonia y después como nación independiente, la abundancia ha ensombrecido nuestra suerte y destino. Alejandro von Humboldt, definió en 1811 a nuestro territorio como un cuerno de la abundancia y sí, en efecto, lo es pese a los despojos territoriales del siglo XIX y a la despiadada contaminación que nos azota con la modernización industrial y el desarrollo urbano sin control que padecemos.
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Aguas nacionales
Aguas y mares territoriales
Soberanía
Territorio nacional
Zona económica exclusiva[/toggle]
Los conflictos internacionales adversos han redefinido el territorio nacional en parte por la fuerza, en el lado norte de nuestras fronteras, y en parte por la separación voluntaria, en el lado sur. De lo que eramos originalmente en 1821 a lo que somos ahora, territorialmente hablando, la pérdida ha sido superlativa.
Pero el destino se encargó de recompensarnos, pasados más de 100 años, y claro ello no fue sólo cuestión de suerte, sino también de la prestigiosa política exterior que nuestros gobiernos han construido en el curso del tiempo con gran habilidad y entereza. La primera decisión que nos favoreció fue la participación del Estado mexicano, desde 1958, en las conferencias de las naciones para el mejor reparto de las zonas marinas y el reconocimiento de la jurisdicción de los estados ribereños sobre sus cuerpos de agua y plataformas continentales, al término de la segunda guerra mundial.
Esto nos condujo finalmente al acrecentamiento del territorio nacional ya que uno de los avances más destacados fue el reconocimiento de la comunidad de la Naciones del derecho que asiste a los Estados de ejercer jurisdicción sobre el mar territorial, es decir, sobre una franja de 12 millas náuticas (22,224 metros) a lo largo de sus costas.
Ya desde 1972 la política exterior de México se había anotado un gran logro gracias a su propuesta junto con Colombia y Venezuela, de explotar una zona económica exclusiva, de 200 millas náuticas de mar adyacente a nuestras costas donde se incluye al mar territorial ya señalado, misma iniciativa que fue recogida por la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, celebrada en diciembre de 1982,donde fue ampliamente reconocida y aceptado por la comunidad internacional el derecho de explotar una zona económica exclusiva, de 200 millas náuticas (370,400 metros) de mar adyacente a nuestras costas, donde se incluye al mar territorial.
Asi, casi de golpe y porrazo pudimos hacernos en 41 años de un territorio 150% superior al que ya teniamos de tierra firme, del orden de los 3 millones 150 mil km2, aunque claro está, en cuerpos de agua y su lecho marino. Esta enorme extensión incluye 3,000 islas y su zona económica exclusiva.
Pero ¿qué ha sucedido con tanta riqueza natural? Desde 1976 que se adicionó este nuevo territorio en el texto constitucional y se crearon las leyes para llevar a cabo una política de gobierno en la materia, han pasado 40 años y el resultado ha sido mínimo: el sector pesquero no aparece como un renglón destacado de las cuentas nacionales, las exportaciones de productos del mar y la acuacultura tampoco son significativas, el empleo generado por las pesquerías y su ciclo económico pasan desapercibidos y por supuesto, el consumo interno de los productos del mar no incide en las deficiencias alimentarias de la mayoría de la población. En pocas palabras no hemos sido capaces de aprovechar y derramar a la población nacional los beneficios del aprovechamiento económico y social que la naturaleza y las circunstancias internacionales han puesto a nuestra disposición.
Para ejercer nuestra soberanía en esta vasta extensión marina hay que vigilarla pero no sólo eso sino también aprovechar de forma sustentable los inmensos recursos naturales, renovables y no renovables, que nos ofrece. No hacerlo sería tanto como negarnos un camino propio, tan lamentable como los despojos territoriales sufridos en el siglo XIX, porque ahora la pérdida puede darse debido a razones más deleznables como el olvido, la impericia en el aprovechamiento pleno de las zonas marinas o la ceguera que impide apreciar el valor estratégico de estos recursos para un porvenir económico y social prometedor.
El pleno aprovechamiento
El dictamen en 1985 de la Cámara de Diputados, acerca de la ley federal del mar, señala que este ordenamiento “… establece una normatividad general que servirá de marco para reglamentar el pleno aprovechamiento del mar y sus recursos, incluyendo no sólo los tradicionalmente reconocidos, sino también algunos usos nuevos tales como el empleo de minerales disueltos en las aguas, la producción de energía térmica o hidráulica, la capacitación de energía solar en el mar y el desarrollo de la maricultura.” ((Legislatura LIII – Año I – Período Ordinario- Cámara de Diputados – Fecha 19851218 – Número de Diario 54.))
Si contamos con esta abundancia lo primero que se antoja es calcular el número de mexicanos susceptibles de beneficio, el esfuerzo por realizar de las políticas económicas y tecnológicas involucradas y probablemente declarar en la Carta constitucional como estratégicas las actividades provenientes de las zonas marinas para asegurar el porvenir inmediato. La creación de una línea de tiempo se vislumbra indispensable, respetándola hasta su conclusión, lo cual nos dará la pauta de instituir opciones nacionales de desarrollo fundadas en una soberanía económica robusta dejando a un lado circunstancias comerciales o la terminación de ciclos como el del petróleo, cuya vida de insumo energético está contada, sino un perspectiva de pleno aprovechamiento de los recursos marinos en el largo plazo.
La investigación oceanográfica debería complementarse con el cálculo económico que nos permita definir tres aspectos fundamentales: un panorama de los recursos susceptibles de aprovechamiento, las prioridades económicas y la estimación de los recursos marinos con mayor posibilidad de explotación, ya sea por las oportunidades de mercado como por las facilidades para explotarlos y darles el mayor valor agregado posible.
El cálculo de viabilidad económica debe tener siempre presente el ciclo económico de los productos provenientes del mar, desde su extracción o siembra, tratándose de acuacultura, hasta la comercialización y el consumo, a fin de evitar que algunas cadenas queden excluidas de los beneficios, como ha sucedido con el petróleo que nos condujo a una industria petroquímica eternamente incipiente y extranjerizada o, también, a un boom agropecuario que no ha borrado la pobreza proveniente del campo dado que la comercialización, su principal beneficiaria, está en la práctica sin regulaciones al amparo de la libertad del comercio.
En la actualidad la finalidad última del aprovechamiento para la sociedad de los recursos naturales ya no nos encamina sólo a la justa distribución del ingreso fundada en esfuerzos redistributivos gubernamentales, dado que frecuentemente resultan insuficientes o están mal direccionados. Es un camino tortuoso por la impopularidad que provoca el aumento de gravámenes mientras persista tanta desigualdad social.
La premisa de un futuro económico con certidumbre la encontramos al capacitarnos para aprender a capturar, conservar, industrializar y comercializar los recursos naturales, que bien pueden ser los marinos, asegurando con ello la creación de riqueza entre los participantes del circuito económico de una poderosa economía proveniente del mar e instituyendo la acumulación de riqueza para que la sociedad crezca sin altibajos y el gobierno distribuya sin tantas dificultades.
Un buen comienzo
En diciembre de 2016 y mayo de 2017, por virtud de sucesivas reformas a la ley orgánica de la administración pública federal, la Secretaría de Marina queda involucrada mayormente en las tareas de seguridad marítima, vertimiento de desechos, protección portuaria, señalamiento, así como cuidado de la vida humana en el mar, para colocarse como institución líder de importantes responsabilidades en este orden.
A la Marina de México, corresponde ahora un papel protagónico en la seguridad nacional, vigilando y al mismo tiempo administrando nuevos instrumentos como el control y la prevención de la contaminación o alteración del mar por vertimientos en las zonas marinas mexicanas, de acuerdo con la nueva ley en la materia, publicada en enero de 2014.
Este papel involucra a las fuerzas armadas marítimas en tareas de vigilancia más allá de la seguridad nacional como son la preservación del orden constitucional de puertos, aduanas y vías de comunicación marítimas.
La tarea de la investigación oceanográfica, a cargo de la Marina de México, le dará la posibilidad de conducir el primer paso de la planeación de un proyecto de alcance nacional fundado en la explotación racional de la zona acuática de nuestro territorio nacional. Con esta ciencia podremos tener conocimiento de cuestiones indispensables como son el inventario de los recursos, las experiencias de aprovechamiento en otras naciones, la cooperación científica, y las prioridades para el resguardo y vigilancia de las zonas y recursos de mayor potencial económico, ya sean renovables o no.
La tarea se antoja inmensa pero una buena investigación sobre nuestros mares nos abrirá los ojos para planear mejor su aprovechamiento y evitar que lo sigan haciendo otros países, sin nuestro consentimiento, para beneficio de sociedades e intereses ajenos a los del país.
Hacia una redefinición de la soberanía nacional
La transformación de la Secretaría de Marina, muestra una nueva cara externa acerca del ejercicio de funciones relacionadas con la soberanía nacional. Ya desde el último tercio del siglo pasado, en el seno de las Naciones Unidas se comenzó a perfilar un nuevo concepto de soberanía cada vez más alejado del enfoque militar y más cercano a la preservación de los recursos naturales y la autosuficiencia nacional, particularmente la alimentaria.
Es evidente que la presencia militar no puede desaparecer frente a los fenómenos crecientes de delincuencia, que ya rebasan la seguridad pública interior. Tampoco puede abstenerse de actuar ante las prácticas delictivas de embarcaciones de matrícula extranjera, que capturan y extraen fraudulentamente nuestros recursos marítimos, debido a las carencias de flota y equipo naval para el cumplimiento de las tareas de vigilancia.
Un Estado fuerte lo es cuando es capaz de mantener el orden constitucional en todo su territorio, garantizando para la nación y sus gobernados el aprovechamiento y beneficio sustentable de sus recursos, especialmente los provenientes del mar para el futuro inmediato, dada la composición del territorio nacional. Esto, expresado en términos estratégicos, es la certidumbre jurídica que en el momento actual más necesitamos si queremos avanzar con paso firme en las tareas de desarrollo de la economía del país.
Listado de conceptos
- Conceptos de la A a la D
- Acciones colectivas
- Acción de inconstitucionalidad
- Acción penal
- Administración de justicia
- Administración pública
- Aguas nacionales
- Aguas y mares territoriales
- Asentamientos humanos
- Auto de vinculación a proceso
- Averiguación previa/investigación
- Banco central
- Bienes de dominio público
- Campañas y precampañas electorales
- Candidato independiente
- Ciudadanía
- Ciudad de México
- Comercio exterior
- Comisión Federal de Competencia Económica
- Comisión Federal de Mejora Regulatoria
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos
- Comisión Permanente
- Competitividad económica
- Comunidad (Núcleo de población)
- Congreso de la Unión
- Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
- Consejo de Desarrollo Metropolitano
- Consejo de la Judicatura Federal
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
- Consignación
- Constitución
- Consulta popular
- Contribución o impuesto
- Controversia constitucional
- Conurbaciones
- Corte Penal Internacional
- Cuerpo diplomático y consular
- Cámara de Diputados
- Cámara de Senadores
- Datos personales
- Debido proceso legal
- Defensoría de oficio
- Delito
- Demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
- Democracia
- Derecho a la alimentación
- Derecho a la cultura física y la práctica del deporte
- Derecho a la educación
- Derecho al agua para consumo personal y doméstico
- Derecho a la información
- Derecho a la protección de la salud
- Derecho a la vivienda
- Derecho al medio ambiente
- Derecho al trabajo
- Derecho a poseer armas
- Derecho de asociación
- Derecho de petición
- Derecho de propiedad
- Derecho de reunión
- Derecho de réplica
- Derecho de tránsito
- Derechos de los niños
- Derechos de los pueblos indígenas
- Derechos humanos
- Derechos laborales
- Derechos políticos
- Derechos sociales
- Desarrollo rural integral
- Desarrollo urbano
- Deuda pública o nacional
- Distribución equitativa de la riqueza pública
- Áreas estratégicas y prioritarias del desarrollo
- Conceptos de la E a la J
- Ejido
- Elecciones
- Empresas de participación estatal mayoritaria
- Empresas productivas del Estado
- Entidades federativas
- Entidades paraestatales
- Estado federal
- Expropiación
- Extinción de dominio
- Extranjería
- Federalismo
- Fideicomiso público
- Financiamiento de partidos políticos
- Fiscalización superior de la Federación
- Fiscalía General de la República
- Fuero constitucional
- Fuerzas armadas
- Fundamentación
- Garantía de audiencia
- Garantía de exacta aplicación de la ley penal
- Garantía de legalidad en materia civil
- Garantías de la persona imputada
- Garantías del ofendido o de la víctima
- Garantías de seguridad jurídica
- Garantías individuales
- Gobernador
- Gobierno de coalición
- Gobierno de la Ciudad de México
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- Informe del presidente de la República
- Iniciativa de ley
- Instituto Federal de Telecomunicaciones
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
- Instituto Nacional Electoral
- Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
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- Inviolabilidad de la correspondencia
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- Irretroactividad de la ley
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- Jefe de Gobierno de la Ciudad de México
- Jefe de gobierno del Distrito Federal
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- Voto o sufragio
- Vías generales de comunicación
- Zona económica exclusiva
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