La vaquita marina, símbolo de la ineficacia en la política ecológica

Esta especie, tan simbólica de nuestros mares, tiene una triste presencia en la política ecológica del país.  La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) acaba de publicar apenas el 18 de octubre de 2018 un acuerdo del titular del Ramo por el que se suspende temporalmente la pesca comercial mediante el uso de cimbras operadas con embarcaciones menores, en el norte del Golfo de California, con la finalidad de reducir los factores de riesgo sobre la vaquita marina (Phocoena sinus).

La medida es plausible pero tiene detrás de sí una larga historia que data de 1993.  En ella se refleja la ineficacia de la política de protección de la fauna marítima, durante 25 años, en la región más productiva de nuestros mares jurisdiccionales.

La vaquita marina, la marsopa más pequeña del mundo, cuyo hábitat único es el Alto Golfo de California, fue objeto de protección mediante decreto presidencial, publicado el 10 de junio de 1993, junto con otras 16 especies silvestres y acuáticas de flora y fauna peninsulares, insulares y marinas, particularmente las endémicas, amenazadas y en peligro de extinción, tales como la totoaba, el delfín (nariz de botella y común) y diversos tipos de ballenas.

A este decreto presidencial le siguió el acuerdo del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales (SEMARNAT), publicado el 8 de septiembre de 2005, que establece el área de refugio para la protección de la vaquita y enseguida su respectivo programa de protección, emitido el 29 de diciembre de 2005.

De ahí en adelante se han suspendido temporalmente las actividades de la pesca comercial que se realiza mediante el uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres operadas con embarcaciones menores, y desde 2015 de forma casi ininterrumpida a fin de evitar la creciente mortandad de la marsopa por la pesca incidental de que es objeto.

Sin embargo, los resultados han sido desastrosos, al punto de que la especie ya casi está en extinción si consideramos que en 1997 se reportaron 560 ejemplares y para 2015 eran únicamente 97, lo que llevó a pensar que al 2017 se perdió el 67% de su población, recalculada en menos de 40 ejemplares sobrevivientes.  ((www.es.wikipedia.org/wiki/Phocoena_sinus))

La ineficacia de la política no sólo deriva de la falta de cumplimiento de las restricciones a las pescaderías y a la captura, sino a su enfoque eminentemente restrictivo.  Es evidente que la carencia de coordinación entre las dependencias federales, estatales y municipales responsables de aplicar los programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo económico ha impedido que se obtengan resultados trascendentes.  Así sucede lamentablemente en muchos otros órdenes de la vida nacional.

La zona de refugio involucra a los municipios de Mexicali, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, que deberían aprovechar sustentablemente los recursos marinos a su alcance geográfico, tal como lo ordena el decreto de protección de 1993.  Sin embargo, estos municipios siguen en la actualidad calificados como marginados, según cifras y evaluaciones del CONEVAL, lo cual es totalmente inverosímil si consideramos que están ubicados en una de las regiones de mayor riqueza marítima del planeta.

A nadie escapa que la pesca furtiva y sus actividades criminales conexas son las beneficiarias de la explotación pesquera de esta región.  Luego entonces, la vigilancia es indispensable, y particularmente el ordenamiento ecológico debe respetarse para promover el desarrollo sustentable de los recursos pesqueros abundantes de la región, señalados en el programa antes citado, usando toda la maquinaria al alcance del poder gubernamental.

Hay que destacar que en la pesca ilegal, con presencia en la zona de refugio y en toda la región del Pacífico noroccidental de nuestras aguas marinas, están involucradas embarcaciones de bandera extranjera que abastecen los mercados de Estados Unidos y China, grandes consumidores de los productos pesqueros de nuestra zona económica; desde luego, sin pedir permiso alguno ni pagar los gravámenes respectivos.

Así que otra pieza de la solución debe ser un importante esfuerzo diplomático con las naciones que sabemos consumen productos de nuestros mares, extraídos de manera clandestina para que el robo se convierta en relación comercial y ésta en beneficios y diversificación de nuestras exportaciones.

Pero probablemente la defensa de nuestros recursos pesqueros tenga el mayor sentido si tal riqueza pesquera se redireccionara en beneficio de los grandes grupos de población del país que requieren mejorar con urgencia su dieta alimenticia.  Al igual que en muchos otros frentes, en este aspecto se abre una gran oportunidad de acción para el gobierno federal entrante.

Observatorio de Vigilancia Estratégica
22 octubre 2018  Núm. 21
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