Cómo piensa gobernar el Nuevo Régimen

En nuestro país con cada cambio de gobierno se modifica también la administración pública que es, casi siempre, arrastrada por el triunfo electoral de las nuevas ideas, las diferentes formas de enfrentar los problemas sociales y los nuevos intentos de satisfacer las necesidades sociales.  El primer giro siempre empieza en la administración pública con la reforma de sus dependencias, de las funciones a su cargo y de su reagrupamiento, seguido por la alteración de prioridades en el uso de los recursos financieros, humanos y materiales del gobierno.

Esta ocasión no ha sido diferente a lo ocurrido en la mayoría de nuestros gobiernos durante la era moderna.  La ley orgánica de la administración pública federal, ahora vigente, se reformó para reflejar la forma específica en que el aparato de gobierno será utilizado, lo cual se advierte de la siguiente manera:

1. Son renombradas dos dependencias de gobierno para quedar bajo los títulos de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y de Secretaría de Bienestar, sin que sus funciones, en esencia, sean modificadas.
2. Se crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, suprimida por la administración del presidente antecesor, cuyas facultades sobre cuerpos policiacos, hasta entonces a cargo de la Secretaría de Gobernación, son traspasadas. Hay que advertir que la vieja casona de Bucareli pierde parte de su esencia con la transferencia del Centro Nacional de Inteligencia a la nueva dependencia.
3. Se autoriza al presidente de la República a crear comisiones intersecretariales, consultivas y presidenciales, sin carácter vinculante, dispositivo empleado desde hace varias décadas y que ahora se eleva a rango de ley.

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Conozca los conceptos de la Carta Magna que enmarcan este tema:

Estado federal.
Gobierno Federal.
Secretaría de Estado.

Temas tratados en cada Concepto Constitucional: explicación, antecedentes, marco constitucional, leyes, thesaurus y actualidad. [/toggle]

Probablemente la parte que más llama la atención es el énfasis puesto en viejos mecanismos administrativos que nunca acabaron por llegar y consolidarse y por un proceso de concentración de funciones contrarias a la descentralización que proclama nuestro Estado Federal, inscrita en el texto constitucional.  Veamos algunas de estas peculiaridades:

1. El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal nombrará y, en su caso, removerá a los titulares de las unidades encargadas del apoyo jurídico de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (artículo 43).
2. Desaparece la figura del Oficial Mayor, excepto para las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual es sustituida por una Unidad de Administración y Finanzas, bajo la coordinación de la Oficialía Mayor de la SHCP al igual que sus homólogas de las entidades paraestatales (artículo 14 y 20). La propia SHCP designará y removerá a los titulares de las citadas unidades de administración y finanzas, quienes serán considerados servidores públicos de las respectivas dependencias (artículo 31).
3. Se consolida la función de compras del sector público en la SHCP. Esta facultad se ha intentado hacerla realidad desde la década de los años setenta del siglo pasado en algunas dependencias y entidades como la Compañía Nacional de Subsistencia Populares (CONASUPO) y más recientemente en la Secretaría de la Función Pública, sin resultados relevantes, en gran medida por su complejidad, falta de experiencia, escasa probidad del servidor público de mando y controles ineficaces.
4. Se reintegra el abasto de productos básicos y su adecuada comercialización como función de gobierno, misma que se atribuye a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta facultad la ejerció durante más de 30 años CONASUPO, como organismo descentralizado creado 1965 y extinguido en 1999, aunque le sobrevive la empresa distribuidora al menudeo.  Se requerirá de un gran esfuerzo financiero y el retorno del expertise perdido, para restablecer este mecanismo como instrumento de intervención estatal en los procesos de comercialización de alimentos, sin que ello conlleve las deficiencias de que adolecía.
5. Se reintegra la facultad de capacitación y formación continua del magisterio y personal directivo y de supervisión escolar a la Secretaría de Educación Pública. Esta atribución se ejercerá adelantándose a la previsible extinción del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, creado en 2013 como órgano constitucional autónomo.  Si esta función se sigue exponiendo a los intereses sindicales seguramente tendremos que seguir esperando la mejora de la calidad educativa para un futuro distante.
6. Se segrega de la política industrial a cargo de la Secretaría de Economía la producción nacional de medicamentos e insumos para la salud, misma que ahora estará regulada por la Secretaría de Salud. Esta rama industrial tendrá que vérsela con dos autoridades sobre un mismo asunto: la Secretaría de Economía y la de Salud, con las discrepancias, tardanza e ineficacia que ello implicará.

Las reformas administrativas aprobadas provienen, en lo económico, de caminos ya transitados de difícil recorrido y resultados dudosos o inapropiados para el entorno globalizado en que nos encontramos, privilegiado por la libre concurrencia.

En lo organizacional, estas reformas centralizan la función administrativa y el apoyo jurídico dentro de las dependencias federales, revirtiendo la descentralización que ya operaba dentro del Poder Ejecutivo e incidiendo en toda la organización federal, mediante el control unipersonal de las representaciones federales en las entidades federativas y la rápida erosión del servicio profesional de carrera, proceso ya iniciado con la reciente ley federal de remuneraciones de los servidores públicos.((Véase el análisis titulado Pésimo presagio la inconstitucionalidad de la primera medida de gobierno.  Suplemento del Observatorio de Vigilancia Estratégica número 25. 19 noviembre 2018.))

Se entiende que el fin último de muchas de estas medidas administrativas sea la erradicación de la corrupción, pero ésta no se combate reduciendo los sueldos de los servidores públicos de mando ni imponiendo filtros propios del control político.

Este proceso de reforma no parece obedecer a una preocupación por enfrentar con innovación y visualizar con imaginación soluciones para el futuro del país.  Así es como se busca producir más gasolina para cuando los automóviles ya poco la necesitarán.  Pretende la autosuficiencia alimentaria en tierra firme, plagada de intereses comerciales y empresas multinacionales, olvidando que tenemos 1.5 veces más de territorio localizado en nuestros vastos recursos marítimos, y que nunca hemos aprovechado para beneficio de la población desnutrida y en pobreza extrema.  Hace una tímida mención a la comercialización eficiente de alimentos cuando nunca desde nuestra vida independiente hemos podido acercar económicamente al productor del campo y al consumidor en beneficio de ambos. Pasa por alto que podemos encontrar en el turismo una vía esperanzadora para el futuro inmediato, cuando se recorta el presupuesto público dedicado a la protección de nuestros múltiples recursos y bellezas naturales y el rescate y la restauración de nuestro patrimonio arqueológico, artístico y colonial.  En fin, que no se encuentran vías para dejar de ser una sociedad emergente.

Si los funcionarios relevantes de esta administración insisten en transitar por el camino de las soluciones que pertenecen al México premoderno, sin aportar soluciones para enfrentar nuestro porvenir y hacer planteamientos de las necesarias políticas de gobierno, corremos el gravísimo peligro de pasar de la ilusión y la senda del desarrollo a la desesperanza y su consecuente inestabilidad política y social.

Observatorio de Vigilancia Estratégica
7 enero 2019  Núm. 28
Suplemento