Las aristas de la lucha contra el lavado de dinero

El robo de combustible en la magnitud, grado de complicidad y efectos económicos tan visibles, invita a revisar la política en esta materia.  La preocupación por este fenómeno criminal ha sido plasmada de diferentes formas en la legislación generando instrumentos de distinto orden y efectos.  Probablemente la arista más relevante sea la prevención y represión del lavado de dinero ahora conocido como operaciones de procedencia ilícita.  A esta porción de la política de gobierno se dedica el presente comentario.

Los primeros pasos en la era contemporánea para enfrentar tales operaciones fraudulentas se dieron gracias al orden global en el que estamos inscritos, cuando el gobierno federal se adhirió en 1990 a la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrita en Viena en 1988.  Otro avance fue la membresía en 1994 a la Organización Mundial de Comercio en materia de servicios financieros y las obligaciones que emanan del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que propició el fenómeno denominado banca multi jurisdiccional. ((ANAYA AYALA Jorge, TREJO Ricardo y FERNÁNDEZ DE LARA Rafael. Políticas contra el lavado de dinero aplicables a instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Número 121.  UNAM, Instituto de Investigaciones jurídicas. 19 de enero de 2019.))

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Conozca los conceptos de la Carta Magna que enmarcan este tema:

Hidrocarburos.
Responsabilidades de los servidores públicos.
Sistema financiero mexicano

Temas tratados en cada Concepto Constitucional: explicación, antecedentes, marco constitucional, leyes, thesaurus y actualidad. [/toggle]

El efecto fue inmediato en los instrumentos de la legislación nacional regulatoria de los servicios financieros y del servicio de banca y crédito, donde se adicionaron prohibiciones, requisitos, información, controles de la autoridad, y se expidió en 2012 el ordenamiento jurídico que es el eje de la política en esta materia: la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.  Actualmente las actividades e instituciones reguladas por las disposiciones de esta ley son las que se señalan en la siguiente legislación:

• Ley de ahorro y crédito popular.
• Ley de fondos de inversión.
• Ley de instituciones de crédito.
• Ley de instituciones de seguros y de fianzas.
• Ley de los sistemas de ahorro para el retiro.
• Ley de uniones de crédito.
• Ley del mercado de valores.
• Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito.
• Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.
• Ley para regular las instituciones de tecnología financiera.

Este marco jurídico contiene un importante número de disposiciones, circulares y lineamientos reglamentarios a los que se han agregado regulaciones sobre lavado de dinero.  Su propósito es interrumpir el circuito económico de las ganancias de la actividad criminal para desalentar que se incorporen a la formalidad económica.

De manera adjunta están las regulaciones en el orden fiscal.  Entre ellas hay que considerar las incorporadas al código fiscal de la Federación y a los convenios bilaterales para evitar la doble tributación y el intercambio de información, celebrados desde la década de los años noventa, de los cuales uno de los primeros fue el Convenio con Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia del impuesto sobre la renta, publicado en 1992.  Conviene señalar que el código fiscal establece que se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En materia criminal destaca el código penal federal, así como la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, la ley federal contra la delincuencia organizada y la ley federal de extinción de dominio.  Sus disposiciones tipifican y equiparan las operaciones con recursos de procedencia ilícita, las conductas ilegales, las sanciones y los requisitos de la actuación del ministerio público, en esta materia.

La amplitud de la vigilancia, la prevención, la detección y las sanciones de este fenómeno delictivo es mayor en la legislación mexicana dado que se extiende a disposiciones contenidas en 21 leyes que enmarcan las políticas de los servicios financieros, del servicio de banca y crédito, del comercio exterior e interior, la fiscal, la exterior y la penal.  Se ha convertido, en consecuencia, en objeto de la seguridad nacional.

Cuando una conducta criminal se extiende a poblaciones enteras, como lo estamos observando con los recientes acontecimientos sobre robo y escasez de combustible, entonces es objeto de la seguridad del propio Estado.  Y lo es no sólo por el tiempo tan amplio que lleva la prevalencia de estos delitos sin ser detectados por tantos mecanismos existentes sobre lavado de dinero sino porque la falta de sanción y corrección ya han conseguido amenazar la seguridad y la certidumbre jurídica que sostiene nuestra estabilidad política y social.

Este fenómeno criminal, por la magnitud de sus ganancias e importancia de los grupos involucrados puede ser considerado como delincuencia organizada, terrorismo o conducta contra la seguridad de la nación, aunque habría que encontrar un nuevo concepto que mejor lo defina y correlacione con la corrupción, dados los efectos desestabilizadores que puede provocar.  Estamos en presencia de una nueva modalidad de comportamiento de intereses mercantiles más allá de la que es propia de un sistema capitalista como el que nos rige, ante las medidas tomadas por el Estado mexicano.

Hay que reconocer que la presente ha sido la única administración pública federal que se ha enfrentado a este fenómeno delictivo tan notorio.  Su éxito requerirá sobre todo de la inteligencia necesaria para actuar con rapidez y eficacia, con la suficiente vocación de servicio público y siempre teniendo como paradigma el principio de la certidumbre jurídica.  Los servidores públicos que encabezan este gobierno nunca deberán olvidar la frase de “Se Gobierna con el Ejemplo”.

Observatorio de Vigilancia Estratégica
21 enero 2019  Núm. 30
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